Por una ley de cine

Uruguay es el único país de América Latina, junto a Paraguay, que carece de una Ley de Cine. Si bien dentro del sector audiovisual y en el ámbito del Poder Ejecutivo se reconoce esta ausencia como un deber, aún el proyecto presentado a instancias del Ministerio de Educación y Cultura, que plantea un marco legal para la realización, distribución y exhibición de audiovisuales, navega por los mares parlamentarios. Todo parecía indicar que 2007 sería el año de la Ley y sin embargo no lo fue. Mientras tanto, productores, actores y directores audiovisuales luchan incansablemente para que sus proyectos sean realizados -la mayoría de las veces con apoyo de dineros extranjeros- y finalmente vistos por los espectadores también en su país, donde aún existen capitales departamentales sin salas de cine

Por Patricia Pujol

“Lento pero viene”, dice Mario Benedetti en uno de sus tantos maravillosos poemas, hablando del futuro. Tal vez esa frase sea aplicable a la Ley de Cine, que al entender de algunas personas allegadas a esta industria, debería plantearse dentro de un proceso más amplio, acerca de qué tipo de cine necesita –o desea– Uruguay. La iniciativa en consideración del Parlamento ha disparado varios puntos de debate entre creadores y personas afines a la actividad audiovisual, y parece encontrarse no muy cerca de los consensos. Si bien sería la primera vez que el país consigue legislar sobre tal actividad de manera ampliada, hay quienes creen que el debate debe anteceder a la ley. Mientras el articulado navega en aguas del Parlamento, el pasado 27 de marzo se realizó la avant premier de “Matar a Todos” –película del director uruguayo Esteban Schroeder, que se estrenará comercialmente el próximo 11 de abril en el Palacio Legislativo–, situación que planteó cierta condición emblemática e inédita. No sólo porque el largometraje allí estrenado tuvo el reconocimiento del Poder Ejecutivo, sino porque trata sobre el nombrado “Caso Berríos”, situación que dejó al descubierto la coordinación de los ejércitos de Chile y Uruguay en un período de gobiernos democráticos en ambos países. Consultado el director por este hecho, no dejó de destacar la importancia del estreno en la sede legislativa, y recordó que “la búsqueda de la verdad está implícita en el desarrollo de la obra. El verdadero sentido del autor es hacerse cargo de cualquier implicancia que su obra genere. Inevitablemente lleva a una reflexión del tema”, sostuvo. Pero Schroeder no escapó a la situación particular que plantea Uruguay a los creadores acerca del desarrollo de una obra como su película. Su nueva producción es co-gestionada con Argentina, Chile y Alemania, debido a que hacen falta esfuerzos mancomunados para lograr hacer posible, una vez más, una película uruguaya.

Premios afuera

Según datos del Ministerio de Educación y Cultura, las películas uruguayas reciben un promedio de 17 premios o menciones otorgados en el extranjero, realidad que sitúa a la producción nacional audiovisual galardonada en un lugar superior al resto de la región. No cabe duda entonces que el “made in Uruguay” aporta talento y capacidad. Sin embargo, la única manera de sobrevivir al derroche de los guiones antes de ser filmados es buscar la co-financiación en el extranjero para luego estrenar en casa.

La última película de Beatriz Flores Silva corre la misma suerte que acompaña al resto de las creaciones. El 2 de mayo será estrenado su nuevo largometraje bajo el nombre “Polvo nuestro que estás en los cielos”, en el cual cuenta una historia que transcurre entre 1966 y 1973, para la que se realizó un trabajo fino de reconstrucción de época. Al igual que los anteriores, éste emprendimiento de la directora de “En la puta vida” debió conseguir apoyo de Bélgica, España, Suiza, Holanda y Venezuela para hacerse realidad.

Tampoco parece casualidad que las últimas películas que el cine uruguayo está aportando a las salas intenten rescatar algo de la historia reciente, y planteen en su mensaje la posibilidad de realizar una crítica al respecto. Ficción y realidad son aspectos apenas separados en los relatos por fronteras muy sensibles. Es que el cine no constituye solamente un vehículo comercial, sino que afirma valores y da sentido de pertenencia a una comunidad.

Para Schroeder, contar una historia como la del “Caso Berríos”, supone reconocer cierta responsabilidad social y no pretende esquivar esa condición. El también director de “El Viñedo”, insistió en que a su entender el cine latinoamericano está llamado a contar este tipo de historias, basadas en hechos históricos contemporáneos con la intención de profundizar las reflexiones sociales. Pero para que estas versiones continúen existiendo en las pantallas, los productores, actores, directores y personas allegadas a la industria del audiovisual creen conveniente el debate sobre una concepción más amplia del trabajo en el cine, al tiempo que destacan que de aprobarse la ley se daría un gran paso, pero no el definitivo.

Cine como trabajo

Nadie duda que el cine sea la disciplina artística que ha marcado al siglo XX. Permitió el conocimiento de distintas culturas a través de la difusión masiva, y de forma lúdica, dio acceso a los hombres a versiones diversas de su historia contemporánea. El cine también es una fuente de trabajo en el Uruguay. Tiene un efecto multiplicador de profesiones y distintos oficios que van de la mano de cada producción, y se vuelven necesarios a la hora de pensar un proyecto del estilo. Según cifras oficiales, de cada 10.000 puestos de trabajo que se generan en Montevideo, 266 están vinculados a este sector, el cual aporta casi el 6% del total de puestos de trabajo que genera el sector servicios en el país urbano. En la capital las cifras aumentan, debido a que se calcula que por cada 1.000 ocupados por el sector “servicios”, el audiovisual aporta 70 empleos (cifras superiores al sector hoteles y restaurantes).

Y se pensó el Instituto

A instancias del Poder Ejecutivo y con el visto bueno de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, se encuentra en el Parlamento para ser sancionado el proyecto de ley que crea el Instituto del Cine y el Audiovisual de Uruguay (Icau), el cual se pretende continúe la gestión desarrollada por el Instituto Nacional Audiovisual -creado por decreto en 1994- dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Haciendo historia, ese mismo año se creó el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual (Fona), que comenzó a incentivar proyectos en 1995, aportando una magra pero necesaria suma de dinero para la realización de audiovisuales.

En tanto, el nuevo proyecto de ley presenta un articulado de 11 puntos que impulsan la génesis del Icau como “un instrumento tendiente a la promoción y desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual en nuestro medio y su proyección internacional”. Entre los objetivos que plantea la iniciativa se encuentra el de fomentar las acciones para el desarrollo de la cultura cinematográfica. Además, deberá diseñar políticas vinculadas a la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico (que dispondrá de una partida anual de 25 millones de pesos), ya que el Icau otorgará incentivos para potenciar la actividad cinematográfica nacional mediante concursos, becas y premios.

Compartelo